¿Son los casinos tribales buenos o malos para los nativos americanos?

Los casinos tribales son instalaciones de juego gestionadas por tribus de nativos americanos reconocidas a nivel federal en sus tierras soberanas. Estas tierras no están sujetas a la misma normativa estatal que los casinos de propiedad privada, aunque funcionan dentro de un marco establecido por la legislación federal y los acuerdos con los distintos estados. La explotación de estos casinos es un aspecto importante del desarrollo económico y el autogobierno de las tribus.

La legalidad de los casinos tribales se deriva de la soberanía inherente a las tribus de nativos americanos, que es anterior a la formación de Estados Unidos. Esta soberanía permite a las tribus gobernarse a sí mismas y a sus tierras. La Ley Reguladora del Juego Indígena (IGRA) de 1988 formalizó el marco del juego tribal. Esta ley federal reconocía el derecho de las tribus a realizar juegos de azar en sus tierras, siempre que estén permitidos de alguna forma dentro del estado. La IGRA también creó la Comisión Nacional del Juego Indio (NIGC) para regular determinados aspectos del juego tribal y esbozó diferentes clases de juego con distintos niveles de supervisión tribal, estatal y federal.

Los casinos tribales se encuentran en reservas indígenas reconocidas a nivel federal y en otras tierras que el gobierno federal tiene en fideicomiso en beneficio de las tribus indígenas americanas o de miembros individuales de las tribus. La ubicación concreta de estas tierras varía enormemente a lo largo y ancho de Estados Unidos, por lo que pueden encontrarse casinos tribales en numerosos estados, a menudo en zonas que de otro modo no tendrían casinos comerciales. La definición de "tierras indias" en virtud de la IGRA está vinculada a la condición de la tierra como reserva, fideicomiso o tierra de pago restringido y a la jurisdicción de la tribu sobre ella, y no necesariamente al territorio histórico de la tribu.

La regulación de los casinos tribales es un proceso de varios niveles en el que intervienen autoridades tribales, estatales y federales. La Ley de Regulación del Juego Indígena establece tres clases de juego, cada una con un sistema de regulación diferente. Los juegos de clase I, que incluyen juegos tradicionales y sociales con premios mínimos, están regulados exclusivamente por los gobiernos tribales. Los juegos de clase II, principalmente el bingo y los juegos de cartas no bancarios, están regulados por las tribus con la supervisión de la Comisión Nacional del Juego Indio. El juego de Clase III, que abarca los juegos de casino "estilo Las Vegas", exige que las tribus firmen pactos tribales con los estados en los que están ubicadas, en los que se definen aspectos como los tipos de juegos permitidos, las normas operativas y el reparto de ingresos. Además, la NIGC tiene importantes requisitos normativos para las operaciones de juego tribales, incluida la aprobación de contratos de gestión y ordenanzas de juego. Agencias federales como el Departamento de Justicia, el FBI y el IRS también desempeñan funciones de supervisión, especialmente en lo que se refiere a actividades delictivas y regulaciones financieras.

Los casinos tribales han demostrado ser una fuente vital de desarrollo económico para muchas tribus nativas americanas. Los ingresos generados por las operaciones de juego se utilizan a menudo para financiar programas y servicios gubernamentales esenciales en las reservas, como educación, sanidad, desarrollo de infraestructuras (carreteras, servicios públicos), vivienda, seguridad pública e iniciativas de preservación cultural. En el caso de algunas tribus, los ingresos del juego han sacado a sus comunidades de la pobreza, aumentando su autosuficiencia económica y mejorando la calidad de vida de sus miembros. Además, los casinos tribales ofrecen oportunidades de empleo a sus miembros y a las comunidades circundantes, contribuyendo así a las economías locales.

La cuestión de la fiscalidad de los casinos tribales es algo compleja. Como entidades soberanas, las tribus de nativos americanos y sus tierras no suelen estar sujetas a impuestos estatales y locales. Sin embargo, a través de los pactos tribales-estatales para el juego de Clase III, muchas tribus llegan a acuerdos de reparto de ingresos con los estados. Estos pagos suelen estar destinados a compensar los costes en que incurre el Estado debido a la presencia de casinos, como las mejoras de infraestructuras y los gastos de regulación. Además, aunque las propias tribus pueden no pagar determinados impuestos, los salarios y otros pagos realizados a los miembros de las tribus están sujetos a impuestos federales y estatales sobre la renta. Los jugadores, incluidos los miembros de las tribus, también deben pagar impuestos sobre sus ganancias de acuerdo con las leyes federales y estatales.

Aunque los casinos tribales operan al amparo de la ley federal (IGRA) y de pactos tribales-estatales, no están sujetos exactamente a las mismas leyes y reglamentos estatales que los casinos comerciales situados fuera de las tierras tribales. La IGRA proporciona un marco jurídico distinto que reconoce la soberanía tribal. Sin embargo, los pactos tribales-estatales suelen incorporar ciertas normas y reglamentos estatales relativos al funcionamiento de los juegos, la seguridad y otros aspectos. Además, las leyes federales relativas a la actividad delictiva, el blanqueo de dinero y otras áreas se aplican a los casinos tribales. Los gobiernos tribales también promulgan sus propias leyes y reglamentos para regular el juego dentro de sus jurisdicciones, estableciendo a menudo comisiones tribales del juego para supervisar las operaciones.

La Ley de Regulación del Juego Indígena exige que todos los ingresos netos procedentes de las operaciones de juego tribales se destinen a fines específicos. Estos fines incluyen principalmente la financiación de operaciones y programas del gobierno tribal, el bienestar general de la tribu y sus miembros, la promoción del desarrollo económico tribal, el apoyo a organizaciones benéficas y la financiación de actividades reguladoras relacionadas con el juego. La distribución de los ingresos del juego la determina cada gobierno tribal, a menudo mediante un plan de asignación detallado. Estos fondos han sido fundamentales para financiar servicios e inversiones cruciales en las comunidades tribales.